A pocos meses de que la explotación minera a gran escala arranque en el país, los obispos del Ecuador convocaron a un diálogo nacional sobre el tema. En un documento llamado ‘Cuidemos nuestro Planeta’, que fue difundido ayer calificaron al tema de “delicado, complejo y controvertido”. “Por esta razón el gran desafío para los gobiernos y las empresas mineras y petroleras sigue siendo la extracción de los metales de la tierra sin afectar negativamente la vida del ser humano y la de la naturaleza”, dijo el principal organismo de la Iglesia Católica ecuatoriana. En el comunicado señalaron que no se trata de dar un sí o un no rotundo a la minería, sino “de informarse amplia y detalladamente sobre sus beneficios, y perjuicios y, luego, tomar decisiones inteligentes, oportunas y valientes”. Convocaron a reflexionar sobre el cuidado de la salud y la vida del ser humano. “Podemos vivir sin oro, pero sin agua jamás”, agregó el comunicado. En el texto anotan que la minería artesanal y a gran escala está cerca de los ríos y lagunas, donde residen comunidades con altos índice de pobreza. Con la minería “gran parte de la población tiende a empeorar su situación social, moral y económica”, dice el texto de cinco páginas firmado por los obispos Antonio Arregui, presidente y Ángel Sánchez Loaiza, titular y secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, respectivamente. Para la Iglesia, entre las causas de los conflictos sociales están la criminalización de la resistencia de los pueblos, promulgación de leyes sin la consulta legislativa previa, por la inexistencia de consultas ambientales, entre otras.

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Redacción Cuenca cuenca@elcomercio.com 00:00

Domingo 22/04/2012

Azuay vive una corriente de consultas populares en las poblaciones donde están emplazados proyectos mineros importantes. Actualmente, las parroquias de Molleturo (Cuenca) y San Juan (Gualaceo) coordinan estos procesos electorales para los próximos meses. Las parroquias de Tarqui y Victoria del Portete, abrieron el camino a esta tendencia. En octubre pasado fueron a las urnas para decidir si quieren minería o no en sus jurisdicciones. El 98,3% de las 1 037 personas que registraron su voto no aceptó la minería en Quimsacocha. En esa área de páramo –caldera volcánica inactiva- está uno de los cinco proyectos mineros estratégicos para este Gobierno, de la canadiense Iamgold. Está ubicado a 45 kilómetros al occidente de Cuenca y también ocupa territorios de las parroquias Chumblín (cantón San Fernando) y San Gerardo (Girón). El Estado les adjudicó 12 000 hectáreas para la extracción de oro, plata y cobre. Pero hace dos años, 3 200 ha fueron devueltas al Municipio de Cuenca porque allí se asientan tres inmensas lagunas. Se estima que dentro de la concesión hay reservas por más de 3,3 millones de onzas de oro. En tanto, para el 11 de marzo pasado estuvo prevista la segunda jornada electoral, esta vez en San Juan. Los dirigentes parroquiales y de 11 sistemas de agua de la zona lo acordaron en una Asamblea Comunitaria realizada en enero pasado. Pero el Tribunal Electoral Comunitario que preparó la consulta la postergó por la ronda de movilizaciones que se anunciaron para esas fechas. El Frente de Mujeres Defensoras de la Pacha Mama y la Coordinadora Popular en Defensa de Molleturo también recolectaron firmas de apoyo para ir a una consulta popular. Estas firmas fueron adjuntadas al trámite que inició la Dirección Nacional de los Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo por desacato del Ministerio de Minas respecto al Mandato Minero que no aprueba la explotación minera en fuentes de agua. De forma paralela, los opositores a la minería de la zona coordinan una consulta popular. Jorge Albuja, asesor jurídico del Consejo Electoral del Azuay, aclaró que las consultas populares previas están contempladas dentro de la Constitución y del Código de la Democracia. Si la consulta es solicitada al Consejo Electoral debe estar respaldada por el 10% de firmas del padrón electoral de la jurisdicción. Según Albuja, el proceso electoral realizado en Tarqui-Victoria del Portete es válido, “pero sus resultados no son vinculantes ni obligan al Gobierno a su cumplimiento”. Para el presidente de la Junta Parroquial de Molleturo, Néstor Chapa, si los resultados no son vinculantes no tiene sentido ir a una consulta. Él aportó otra alternativa. Es partidario de crear una veeduría con lugareños para controlar que la empresa minera cumpla con las medidas de remediación ambiental. El caso en Ponce E. Ponce Enríquez está ubicado al occidente de Azuay. Es el más importante asiento minero de la provincia. Hay más de 45 concesiones auríferas, entre medianas y grandes, autorizadas por el Estado, que trabajan desde hace más de 30 años. Hay otras que operan de forma ilegal. Su alcalde, Patricio Sánchez, es partidario de una consulta provincial sobre este tema y la remediación ambiental urgente en las zonas afectadas. Hace tres meses, Sánchez presentó una propuesta de consulta en la Cámara Provincial y está en discusión. Según Sánchez, en el cantón no hay remediación ambiental ni infraestructura básica. “Los resultados de las muestras tomadas en los ríos confirman la contaminación por metales (mercurio, arsénico…)”. Por eso, él cree que este problema debería ser analizado a profundidad e imponer medidas rígidas de remediación. Para la autoridad seccional, es clave que el Gobierno involucre a gente de la zona en las negociaciones.