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En un recorrido de este Diario por la parroquia rural Tundayme, Julia Ordóñez señala el área donde se asentaba la comunidad San Marcos, cuyas familias salieron por trabajos de Ecuacorriente.

Allí, lejos de las grandes ciudades. Del tráfico. Del ajetreo laboral de ocho a cinco. Allí, en el hogar ancestral de los shuar. En la casa, también, de saraguros y colonos. Allí, en ese rincón de Ecuador, donde el bosque primario de las laderas se mezcla con los pastizales sembrados en los valles, está por arrancar el proyecto minero más grande de la historia del país: el Mirador.

Ocurre muy cerca de la frontera con Perú, en la parroquia rural Tundayme, cantón El Pangui, en el norte de Zamora Chinchipe. Ocurre en la Amazonía. Sus habitantes, ya sienten la presencia de Ecuacorriente S.A. (ECSA), un consorcio de empresas de capital chino que el 5 de marzo pasado firmó en Carondelet el primer contrato de explotación minera a gran escala.

Casas removidas. Familias reubicadas a través de la compra de terrenos. Apertura de caminos y zanjas. Construcción de infraestructura. Instalación de campamentos y generadores de energía. Y, sobre todo, expectativa, entre apoyo y oposición.

El acceso vehicular a Tundayme solo es posible a través de una gabarra administrada por el Ministerio de Transporte. Pero si las aguas del Zamora se tornan turbulentas, el servicio se suspende y empieza el recorrido a pie, por puentes colgantes.

Justamente el manejo de las aguas es lo que más le preocupa a los pobladores y grupos ambientalistas. Acción Ecológica, por ejemplo, tiene un análisis del tema. Fue elaborado por William Sacher, doctor en Meteorología y Climatología, con la colaboración de Michell Báez, con base en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA, 2010) para la fase de beneficio del proyecto Mirador, de casi 800 páginas, contratado por ECSA.

Lo más importante de este análisis, según explica Sacher a este Diario, es haber determinado que la línea base de este EIA es deficiente. La línea es la descripción del estado del lugar en el que se instalará el proyecto y sus alrededores, en el ámbito socioambiental. Son indicadores que funcionan como punto de partida para, en este caso, evaluar los riesgos y sus impactos. Además, es clave para futuros monitoreos y comparaciones.

Según Sacher, “no hay suficientes datos hidrometeorológicos de la zona para diseñar las obras del proyecto de manera segura y prever los impactos al agua de manera adecuada”.

Por ejemplo, en su análisis se señala que la descripción que hace el EIA de la climatología de la zona se basa solo en tres estaciones de medición. Dos son operadas por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi): la estación meteorológica de Gualaquiza (con datos entre 1977 y el 2010) y la estación pluviográfica de El Pangui (1980-2010). La tercera, del mismo conglomerado, funciona desde noviembre del 2008.

La estación de Gualaquiza se ubica a unos 30 kilómetros del sitio y a 750 metros sobre el nivel del mar, es decir, al menos 600 metros más abajo que la del lugar del proyecto, “por lo que es muy probable que los datos de esta estación no representen la realidad del clima de la zona de la mina: humedad, temperatura, cantidad de lluvia, viento, etc.”.

En el documento de la ONG se señala que con las importantes diferencias de altura dentro del sitio de la mina (de 800 a 1.400 metros sobre el nivel del mar) y los relieves accidentados se puede esperar una variabilidad considerable de las lluvias en diversos puntos del mismo lugar.

Se añade que, según los autores del anterior EIA (2005), los datos de las estaciones del Inamhi “podrían ser poco confiables”, por la pobre calidad de la información y la falta de homogeneidad hidrometeorológica entre estaciones de la región. La tercera estación, la de ECSA, es cuestionada en el análisis de Acción Ecológica por los periodos de sus registros de datos meteorológicos. Aunque es la única estación que se encuentra en el sitio, no cumple con el periodo mínimo de diez años, contemplado en los Términos de referencia para la elaboración de estudios de impacto ambiental para la explotación subterránea de depósitos de minerales metálicos.

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