Ambiente ayudó a elaborar contrato

Publicado el 26/Marzo/2012 | 00:15

 

Una de las Polémicas en torno a la suscripción del contrato entre el Gobierno y la empresa china Ecuacorriente para la explotación de cobre es el daño al ambiente y a las fuentes de agua que ocasionaría esa actividad a gran escala y a cielo abierto.

Ecuacorriente abriría un foramen de 2 kilómetros de diámetro con una profundidad de 800 metros, pero lo grave está en que, para arrancar el material (cobre) de la roca madre, se deben utilizar explosivos y un “lodo” (mezcla de químicos con agua) que permitirá con la ayuda de taladros separar las “menas” que están intercaladas con otros minerales.

Según denuncia de varios sectores, una parte de Mirador estaría en la reserva ecológica El Cóndor, por lo que denuncian daños irreparables en la zona en la que, además de los minerales, hay variedad de especies de animales, aves, plantas, afluentes y nacientes de agua que serían afectada por la contaminación.

Una publicación del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables señala que en el país existen suficientes antecedentes sobre la actividad minera. En esta publicación se señala que en el Ecuador hay minerales metálicos (oro, plata, cobre) y no metálicos y que la extracción del primer tipo causa mayor daño por el uso de sustancias tóxicas.

En la presentación pública del proyecto Mirador en noviembre de 2010, se estableció que la mina como tal tendría además de la perforación del yacimiento, tres escombreras a las que van a dar los desechos producto de la actividad minera. En este documento consta que habrá afectación a agua, suelo, aire, fauna y flora en diferentes medidas.

Sobre el tema, este suplemento buscó la reacción del Ministerio de Ambiente, el cual, un par de horas antes del cierre de la edición, respondió a las preguntas por correo electrónico.

Entre las inquietudes estuvieron: ¿cuántos informes ambientales recibió el Ministerio del Ambiente para aprobar el contrato de explotación de cobre que se suscribió el pasado 5 de marzo entre el Gobierno y la empresa china Ecsa? y ¿cuál fue el último estudio que se entregó?

A esto respondió: “El Ministerio del Ambiente (MAE) no aprueba los contratos de explotación de minerales, pues esa es una competencia exclusiva del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. El MAE acompañó el proceso de elaboración del contrato minero suscrito entre el Estado Ecuatoriano y la compañía Ecuacorriente S.A., específicamente con la finalidad de establecer lineamientos que permitan garantizar la preservación del ambiente y minimizar los impactos que podrían generarse por la actividad minera.

El estudio de impacto ambiental aprobado por la autoridad ambiental para la fase de explotación fue presentado para su evaluación y pronunciamiento con fecha 26 de noviembre de 2010″, dice la respuesta.

El resto de respuestas del Ministerio del Ambiente será publicado mañana.

 

“Contrato de explotación minera con Ecsa es nulo”

Entrevista

Fernando Villavicencio, asesor parlamentario, experto petrolero y activista de la organización Polo Democrático

¿Cuáles son las principales objeciones que existen para la suscripción del contrato minero con Ecsa?

Primero, porque se incumple el Mandato Minero 6 de la Constituyente, en el que se ordena que se reviertan todas las concesiones mineras que estén el áreas protegidas, en fuentes de agua y aquellas que superen el número de tres por cada compañía.

 ¿Qué pasa con Ecuacorriente en torno al número de concesiones?

Esta empresa tenía cuatro, es decir que todas las concesiones de Ecsa debían revertirse al Estado. Además, algunas estaban en fuentes de agua.

¿Y quién fue el responsable de haber incumplido con el mandato minero?

El exministro de Minas y Petróleos Galo Chiriboga, actual fiscal general. Pero también tienen responsabilidad los ministros que le sucedieron, porque el mandato sigue vigente.

¿La disposición del mandato minero era de reversión o de suspensión de operaciones?

Era de reversión. La suspensión de operaciones fue un criterio que aplicó Galo Chiriboga.

¿Qué otros motivos existen para declarar la caducidad de las concesiones?

Mirador 1, de Ecsa, está en la zona de frontera y, de acuerdo a la Ley de Seguridad Pública, antes de Seguridad Nacional, se debía contar con la autorización del Consejo de Seguridad y del Ministerio de Defensa, pero no ocurrió oportunamente.

Usted dice que las empresas Ecsa y Aurelian son empresas de papel y que por eso sus concesiones no son válidas. ¿Qué sustento legal hay para eso?

El presidente Correa firmó el Decreto Ejecutivo 1793, de mayo de 2009, en el que dispuso que se suspendan los contratos de empresas estatales con empresas cuyos accionistas estén domiciliados en paraísos fiscales; por tanto, los contratos debían haber sido declarados nulos. Ese es el caso de Ecuacorriente, cuyas empresas que la conformaron tienen su origen en las islas Cayman, consideradas paraíso fiscal.

¿Es ilegal la venta de derechos y acciones que hizo Ecsa a una empresa china?

La reforma a la Ley de Compañías promulgada en junio de 2009 y el Decreto 1793 establecen que todas las compañías que realicen la cesión de derechos o venta de acciones por tres veces tienen que notificar al Estado, y eso no ocurrió.

¿Cuál fue el negocio de la canadiense Ecsa al vender sus acciones a la empresa china?

Ecuacorriente vendió el 96,9% en $653 millones con una inversión de $80 millones en 10 años y, en dos minutos de operaciones en la bolsa, ganó cientos de millones con recursos de los ecuatorianos.