El contrato de explotación minera del proyecto Mirador en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, suscrito por el Ministro Wilson Pastor con la compañía china Ecsa-Ecuacorriente (CRCC- Tongguan) es nulo, porque vulnera la normativa legal vigente, y desconoce las observaciones emitidas por la Contraloría, en su informe preliminar de responsabilidades, presentado el 23 de febrero de 2012, sostiene el asambleísta Cléver Jiménez del movimiento Pachakutik.

 

Jiménez acusa a Rafael Vicente Correa Delgado, Presidente de la República del Ecuador; y, a Wilson Pastor Morris, Ministro de Recursos Naturales No Renovables, entre otros, de burlarse del estado de derecho, y de inobservar las graves irregularidades reveladas en el informe preliminar de Contraloría, en el cual se  sostiene que el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables debió haber declarado la extinción de las concesiones mineras: Curigem 18, Curigem 19, Mirador 1 y Mirador 2, como dispuso el Mandato Constituyente No. 6, por encontrarse en fuentes de agua y tener más de 3 concesiones que estableció el referido Mandato Constituyente. Además, si el señor Ministro Pastor conocía de este informe preliminar, como es posible que firmen con bombos y platillos este contrato minero nefasto para la Patria, sabiendo que el informe preliminar de Contraloría establece claramente que esta concesión debería revertirse al Estado.

 

Un nuevo agravante señalado por la Contraloría es que se vulneró la Ley de Seguridad Pública, al no tramitar en los plazos legales la autorización del Ministerio de Defensa, por tratarse de una concesión en zona de seguridad nacional.

 

Otro vicio que nulita el contrato es la inobservancia de los Arts. 26 y 78 de la Ley de Minería, que obligan a obtener la licencia ambiental previo a la autorización para la explotación minera. Al firmarse el contrato en marzo de 2012, de acuerdo con la Ley Minera, seis meses antes el Estado debió emitir la autorización para la explotación del proyecto, y como requisito obligatorio el Ministerio del Ambiente debió emitir la correspondiente licencia ambiental para la fase de explotación, lo que no ha ocurrido, explicó el asambleísta.

 

El asambleísta zamorano, califica como una burla a la soberanía económica, la participación del Estado en las regalías, en un monto de entre el 6 y el 8%, una participación que no se sustenta en estudios económicos de valoración de reservas,  como consta en la respuesta del Ministro Pastor remitida al asambleísta Jiménez, en la cual confirma que no se ha realizado el estudio de valoración de reservas; violando de esta manera, en la firma del contrato los artículos 27, 37 y 41 de la Ley de Minas. Si no se valoró económicamente el yacimiento minero no se debió firmar ningún contrato para explotación minera, no solo porque lo prohíbe la Ley, sino que además, por lógica no se puede ser tan irresponsable de firmar un contrato así, sin conocer que tipo de minerales existen y en que cantidad.

 

Según el Ministro Wilson Pastor, la explotación del proyecto Mirador generaría una utilidad al Estado de 4 mil 400 millones de dólares durante los 25 años, de estos ingresos apenas entre un 6 y 8% corresponde a regalías, lo demás sería por impuestos obligatorios que toda empresa debe aportar; el asambleísta lamenta que dos economistas, Rafael Correa Delgado y Wilson Pastor Morris, no logren entender que los impuestos, incluso ficticios, nada tienen que ver con los beneficios a los que se refiere el Art. 408 de la Constitución. Lo manifestado por el Ministro solo hace entrever la gran ignorancia que tiene sobre este tema, decir incluso que el costo de producción del mineral es del 50% del valor de mercado, es sencillamente absurdo.

 

El gobierno anunció que la firma de cinco contratos mineros dejaría ingresos para el país de 4 mil millones de dólares en los próximos 10 años. Uno de esos contratos es el firmado con Ecsa-Ecuacorriente, en el proyecto Mirador.  Esta es la primera gran incursión de capital chino en el sector minero, y constituye una pieza más de la rápida penetración del poderío asiático en nuestro país: financiamiento de la refinería del pacífico, Coca Codo Sinclair, Toachi Pilatón, endeudamiento público pagado con petróleo, manejo del 60% del crudo de exportación, ampliación del puente de la unidad nacional, etc.

 

Por otro lado, sin explotar una sola onza de oro, plata y cobre, Ecsa y Aurelian hicieron fortunas especulando con nuestra riqueza en las bolsas de valores. Son más de U$ 1.600 millones que se beneficiaron las transnacionales, una cifra equivalente a cuatro años de ingresos totales que supuestamente dejaría al Ecuador la operación de los cinco grandes proyectos mineros. 

 

La potencial riqueza minera, de cumplirse con lo estipulado en el Art. 408 de la Constitución de la República, que disponen una participación no menor al 50% a favor del Estado, debería representar para el Ecuador, un ingreso mínimo de 100 mil millones de dólares, solo en los citados proyectos a cargo de Kinross-Aurelian y Ecsa (Ecuacorriente), y no la ridícula cifra de 4 mil millones de dólares en 10 años y en cinco proyectos, como sostiene el Ministro Pastor.

 

La suscripción de los nuevos contratos de explotación minera, constituyen un atentado a los derechos de la naturaleza, consagrados en la Constitución y en la Ley Ambiental, pues, implicará irreparables daños a los ecosistemas, en un área de alta concentración de recursos de biodiversidad.  Además se vulnera los Arts. 57, 405 de la Carta Política y la Ley de Seguridad Nacional, que prohíbe la explotación a empresas extranjeras, dentro de la franja de 20 kilómetros a partir del límite fronterizo, como es el caso de los proyectos: Fruta del Norte a cargo de Kinross-Aurelian, Mirador a cargo de ECSA (Ecuacorriente), entre otros.